La Guardia Civil investiga a una cuarta parte de la Policía canaria

La Policía Canaria apenas suma el centenar de efectivos, pero una decena de ellos fueron detenidos el pasado 10 de marzo por la Guardia Civil en una amplia operación de la Comandancia de Las Palmas y otros 17 fueron interrogados. Según explicaron a este periódico fuentes cercanas a las pesquisas, se trata de una actuación contra una presunta trama corrupta que podría tener implicaciones políticas. Todo arranca de la denuncia contra varios agentes de un vecino que les acusa de detención ilegal, que a su vez desencadena una actuación judicial que acaba en manos de la Guardia Civil.

¿Y cuál es la tesis? La Guardia Civil trata de aclarar si existe una trama policial para, siguiendo directrices políticas, «vender una imagen» de la Policía Canaria alejada de la realidad y muy por encima de lo que es. Los encausados son sospechosos de aumentar el alcance de sus actuaciones policiales, de vender una imagen ficticia de efectividad y, para ello, vulnerando presuntamente la legalidad. Según la investigación, elevarían a delito simples faltas y procederían a realizar detenciones que pueden considerarse como ilegales para aumentar sus estadísticas de detenidos.

Según estas fuentes, el comportamiento de los sospechosos era muy claro: trasladar la imagen de que la Policía autonómica tenía un peso específico que ni de lejos es real. La Guardia Civil intervino varios teléfonos de los policías canarios investigados para conocer si estaban recibiendo órdenes para llevar a cabo este tipo de comportamiento laboral. La sospecha es que ante un comportamiento que puede ser muy generalizado en el cuerpo, existiría algún tipo de orden jerárquica.

Finalmente, la Guardia Civil detuvo a 10 agentes, les tomó declaración y les dejó en libertad pendiente de su comparecencia ante el juez que lleva a cabo la investigación. Además, interrogó a otros 17 agentes. Al menos dos de ellos admitieron que, por lo menos en el caso que da origen a la investigación, no había condiciones para que se produjera una detención y que, bajo su prisma profesional, no se ajustaba a derecho.

Las pesquisas están aún en plena efervescencia, según explicaron fuentes de la investigación, que desvelaron que las actuaciones se han bautizado como operación Ladrillo.
Todo arrancó a mediados de febrero. El juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas asumió la denuncia de Miguel Angel S. M. contra funcionarios de la Policía Canaria por un presunto delito de detención ilegal. Como en tantas ocasiones, detenido y agentes se cruzaron denuncias. La Policía Canaria le acusó de resistencia a la autoridad y de causar lesiones -arañazos- a un agente.

Por ello, el juez decidió finalmente que las pesquisas de todo el asunto las llevara a cabo la Guardia Civil. Entendía el magistrado que había podido existir, cuando menos, falsedad documental y detención ilegal. Pero el juez fue más allá y solicitó que se investigara si se trataba de un «hecho aislado o no, el modo y circunstancias en que se produjeron los hechos, y si se vienen produciendo disfunciones de las funciones encomendadas a la Policía Autonómica de Canarias por delitos contra la libertad», según el escrito remitido por el magistrado a la Guardia Civil.

Apenas unos días después, las actuaciones del Instituto Armado fueron declaradas secretas y así siguen. La Guardia Civil está revisando todas las diligencias policiales instruidas por la Policía Canaria «donde cualquiera de los componentes policiales intervinientes hubiera resultado lesiado». Además, también están revisando las copias de las órdenes de servicio en los que participaron determinados agentes sobre los que ya ha puesto la lupa.

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), más conocido como Policía Canaria, fue creado en 2010 por el presidente Paulino Rivero