La aduana de Huelva no tenía vigilancia en el momento del robo de la droga

DROGA EN EL BANCO DE ESPAÑA

"Es robar en la boca del lobo. Nos enfrentamos a un nuevo delito. Hasta ahora hemos visto narcos robar a narcos, pero no narcos que atacan estamentos oficiales". La osadía de las bandas de narcotraficantes que han asaltado depósitos judiciales para arrebatar (o recuperar) miles de kilos de droga a las autoridades ha sembrado desconcierto entre las Fuerzas de Seguridad. Este "nuevo delito" en boca de fuentes policiales ha devuelto al mercado negro casi 1.800 kilos de heroína, cocaína y hachís que ya habían sido incautados. El último de ellos coincidió con las campanadas de Nochevieja y los ladrones birlaron una tonelada de hachís de la sede de Aduanas en Huelva en solo cuatro minutos.

Y como en todo mercadeo, también ha influido la crisis. Los narcos marroquíes ya no fían a los españoles. Hace años que la camaradería entre bandas es tensa. Ya no se paga parte de los alijos después de colocar las partidas en el mercado tras el retorno de beneficios. Esa confianza se rompió y ahora los pagos se hacen siempre en alta mar, cuando los fardos se traspasan de las barcazas a las semirrígidas, pero sobre todo al completo. Los billetes se cuentan con esmero. Dinero. Las seis primeras letras del alfabeto de todo buen narco, que diría Raymond Chandler.
Esas y otras dificultades han llevado a ciertos capos a organizar bandas para arriesgarse a robar droga en los depósitos, pese a la vigilancia de las cámaras. Porque el coste de la mercancía es cero. Y de momento, el balance es muy positivo para estos grupos: de los cinco grandes golpes cometidos en Andalucía desde 2008, no se ha recuperado ni un solo kilo de droga. Tampoco ha habido ningún miembro de estas bandas procesado. La única excepción ha sido el expolicía Lars S., que junto a un cómplice robó supuestamente 154 kilos de heroína y cocaína de los calabozos de la Jefatura Superior de Sevilla, el corazón de la policía en Andalucía.

Ante un golpe así, la primera reacción es el desconcierto y la incredulidad. "Te deja hecho polvo y con una cara de tonto descomunal, al margen de la indignación. ¡Con lo que cuesta una investigación que dura años! Obtienes resultados, quitas la droga de la calle, metes a los traficantes en la cárcel y todo desaparece robado por otras personas. Sientes una enorme frustración", explican fuentes policiales. El Gobierno sabe que tiene graves agujeros de seguridad repartidos por sedes de la policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que ahora intenta paliar. Sobre todo en edificios en Andalucía, donde las medidas de seguridad han sido muy deficientes pese a que en esa comunidad se incauta el 38% de la droga de todo el país. Y 2012 ha sido un buen año con grandes incautaciones, entre ellos un mercante con 3.000 kilos de cocaína cerca de Cádiz.

Los fardos se han acumulado en instalaciones casi permeables. Un ejemplo es el palo de fregona descubierto para bloquear una ventana en el parque móvil de la Subdelegación de Cádiz, donde se acumularon hasta 30.000 kilos de droga en una sala de un garaje con ventanas a varios patios exteriores. El pasado noviembre una banda entró sin grandes trabas y salió con 290 kilos de cocaína.
Para evitar nuevos sustos, Interior utilizará la cámara acorazada del Banco de España en Cádiz para guardar los fardos decomisados en la costa gaditana. Fuentes del ministerio confirman que las obras que ahora ejecutan para acondicionar las instalaciones subterráneas servirán para ahuyentar fantasmas. En Sevilla, la droga repartida ahora en diferentes sedes se concentrará en un nuevo depósito que estará operativo este año. "Funcionamos a base de palos. Hasta que no te quitan la droga no reaccionas", censuran fuentes policiales.

El problema tiene varias aristas, todas con requiebros. En la más espinosa está la destrucción de la droga, retrasada a menudo por los jueces instructores para responder a los contraanálisis de las sustancias que piden los abogados de los narcos. Los expertos abogan por una reforma legal que obligue a los magistrados a limitar el tiempo para destruir la droga y así agilizar los trámites. El Gobierno ha dado un pequeño paso en esa dirección: el anteproyecto de reforma del Código Penal concede a las Fuerzas de Seguridad la potestad para eliminar la droga en el plazo de un mes, a no ser que el juez dicte una resolución motivada para conservar todos los fardos y no solo pequeñas muestras.

La dificultad añadida para resolver estos casos es que los golpes han sido muy bien planificados. Los últimos ladrones utilizaron pasamontañas y guantes. Todos aparecían en las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero sin sonido, las pistas son muy escasas. Los escasos hilos de los que tirar son los vehículos utilizados y la marca impresa en los fardos. Casi todos tienen un sello diferente, impreso por el productor marroquí o colombiano: una figura de pescado o el logotipo de Mercedes son dos ejemplos. Sin embargo, la resolución de estos robos permanece en el aire a la espera de un golpe de suerte o un chivatazo que de momento se resiste.

La mayoría de los agentes en primera línea de la lucha antidroga admiten con la boca pequeña que la suya es una guerra perdida. Que por muchas toneladas que incauten y muchas condenas de cárcel que logren, el negocio es demasiado jugoso y siempre habrá gente dispuesta a arriesgar. Pero si a esa losa se le suma ver cómo en cuatro minutos desparece droga ya retirada del mercado, el desengaño es demoledor.

Quemados más de 373.000 kilos de droga en 2012
El Gobierno quemó 373.000 kilos de droga en 2012 solo a través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), con quien colaboran delegaciones del Gobierno de 10 comunidades. Pero hay otras nueve delegaciones, como la de Baleares, que cada cierto tiempo queman droga por su cuenta en cementeras, por lo que la cifra total es muy superior. El Ministerio de Sanidad también contribuye a la quema de droga a través del Fondo de Bienes Decomisados, que contó con 27,5 millones de euros en 2012.

Para evitar los costosos traslados desde Andalucía hasta unos hornos de Asturias, dos incineradoras han comenzado a quemar droga desde el pasado otoño, lo que agiliza la destrucción y evita los costosos traslados para cruzar el país. Y sobre todo, que los miles de kilos de droga incautada sigan aumentando a un ritmo demasiado rápido que desborde la capacidad de los almacenes. Para ahorrar costes, en los próximos meses Interior sacará a concurso público la concesión para que las cementeras y otras empresas compitan para quemar droga tanto en la zona norte como en la zona sur de la Península. “Se elegirá la mejor opción por seguridad y coste”, confirman fuentes de Interior.

El Gobierno asegura que el protocolo firmado con el Ministerio de Sanidad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para instar a los jueces a que aceleren la destrucción de los fardos, ha surtido efecto. Los fiscales antidroga consultados rubrican esta impresión, pero no hay datos de esta reciente presteza de los magistrados.

Mientras, la acumulación de toneladas de droga en las sedes oficiales tiene aspectos sombríos. Como la “tentación” de ciertos agentes para lucrarse al manejar tantos fardos. Episodios que han salido a relucir en sedes de la policía y la Guardia Civil con la implicación de agentes en Valencia, Sevilla y Pontevedra. La investigación para esclarecer el robo registrado en la Aduana de Huelva ha aportado pocas pistas a los investigadores, aunque el remolque empleado para trasladar la tonelada de hachís fue hallado dos días después del robo gracias a la colaboración ciudadana. Días atrás, uno de los dos vehículos todoterreno había sido robado en Sevilla.

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