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El fiscal jefe pide agentes encubiertos y la figura del arrepentido contra la corrupción
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El fiscal jefe pide agentes encubiertos y la figura del arrepentido contra la corrupción
(diariosur.es).- MONTSE MARTÍN | MÁLAGA.- La lucha contra la corrupción no acaba. Es más, los recientes episodios judiciales contra las tramas destapadas en los casos ‘Malaya’, ‘Astapa’ o ‘Arcos’ han puesto de manifiesto que para combatir más eficazmente este tipo de delincuencia social, política y económica son precisos más medios y más agilidad. Así lo destaca el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que en su informe anual sobre la delincuencia en la provincia de Málaga propone varias medidas contra la corrupción. Entre ellas, reclama emplear la técnica del arrepentido y la del agente encubierto, que ya se vienen utilizando en la investigación de la delincuencia organizada.
En la memoria de la Fiscalía de 2012 se dedican trece página a analizar la corrupción, que en el caso de Málaga ha estado directamente vinculada casi siempre al urbanismo. Tras analizar la amplia legislación española que, «superaría el test de dotación normativa para enfrentarse a este fenómeno», López Caballero afirma que «los controles no han funcionado correctamente».
Para ser más eficaces contra la corrupción, propone a la Fiscalía General del Estado una serie de medidas que pasarían, por un lado, por redefinir algunas conductas delictivas para proteger el patrimonio inmobiliario de las administraciones públicas. Así plantea incluir en el delito de malversación de caudales públicos (que ha sido un caballo de batalla en la sentencia del ‘caso Malaya’) la enajenación de inmuebles de propiedad municipal cuando se produzca a precio notoriamente inferior al del mercado en los casos de convenios de permuta y dación de bienes en pago de deudas, así como en la transmisión de aprovechamientos urbanísticos de propiedad municipal por debajo de su valor real.
Por otro lado, medidas como la técnica del arrepentido es reclamada también por el fiscal jefe para la luchar contra la corrupción, como se hace ya con otras organizaciones criminales. Considera que el arrepentido podría reportar buenos resultados a la investigación a cambio de ser favorecido con una importante rebaja de la pena. De la misma forma quiere que se extienda también a este tipo de pesquisas el agente encubierto que adoptando una falsa identidad puede recoger valiosa información para al juez y el fiscal.
Pero lo anterior no sirve de nada si no se agiliza la respuesta judicial en estos procesos, por ello el máximo representante de la Fiscalía hace hincapié en que la necesidad de una «estabilidad» en su puesto del titular del juzgado al que corresponda la investigación y a reforzar la oficina con un juez de apoyo para atender la carga de trabajo añadida que le supone la entrada de un caso de corrupción.
Málaga, punto caliente
López Caballero, por último, reivindica una vez más (lo viene pidiendo con insistencia desde hace varios años) que se refuercen las oficinas fiscales territoriales con unidades de investigación criminal a las que se incorporen policías especializados y funcionarios de la Agencia Tributaria y otros de la Administración Pública. Precisa que estas unidades son necesarias ya en la Fiscalía, pero resultarán «absolutamente ineludibles y perentoria» si en las futuras reformas legislativas que se avecinan se encomienda al fiscal y no al juez la investigación judicial. Añade que es «consciente» de que la implantación de esas unidades «plantea problemas normativos», pero propone que se haga título experimental en la provincia de Málaga, por ser «un punto caliente de la actividad criminal».
Por otro lado, la memoria de la Fiscalía de Málaga recoge un descenso de la criminalidad en 2012, en concreto un 3,5% con respecto a 2011. La buena noticia tiene, sin embargo, algunos aspectos preocupantes. Y es que, pese a dicho descenso generalizado, los delitos relacionados con la corrupción en las administraciones públicas y los delitos más graves que atentan contra la vida de las personas, como el asesinato y el homicidio, crecieron de forma notable.
Son la cara y la cruz de los datos reflejados en el informe anual de la Fiscalía, que el año pasado investigó un total 193.604 delitos, frente a los 200.545 del ejercicio anterior. Se trata de una sensible disminución de la actividad criminal, que se repite por quinto año consecutivo desde 2008, año en que se abrieron diligencias por 283.152 delitos. En el análisis concreto de los delitos, llama la atención del incremento que experimentaron los vinculados con la corrupción en la administración pública, que aumentan un 131,6%. Solo los delitos de cohecho y fraude experimentan un crecimiento del 100%.
Los delitos contra la vida experimentaron también un preocupante incremento, un 32%. Así en 2012 se contabilizaron un total de 93 investigaciones por asesinato consumados e intentados y 64 por homicidios, incluidos los cometidos por imprudencia, frente a los 70 registrados el año anterior.
Fuente: diariosur.es
En la memoria de la Fiscalía de 2012 se dedican trece página a analizar la corrupción, que en el caso de Málaga ha estado directamente vinculada casi siempre al urbanismo. Tras analizar la amplia legislación española que, «superaría el test de dotación normativa para enfrentarse a este fenómeno», López Caballero afirma que «los controles no han funcionado correctamente».
Para ser más eficaces contra la corrupción, propone a la Fiscalía General del Estado una serie de medidas que pasarían, por un lado, por redefinir algunas conductas delictivas para proteger el patrimonio inmobiliario de las administraciones públicas. Así plantea incluir en el delito de malversación de caudales públicos (que ha sido un caballo de batalla en la sentencia del ‘caso Malaya’) la enajenación de inmuebles de propiedad municipal cuando se produzca a precio notoriamente inferior al del mercado en los casos de convenios de permuta y dación de bienes en pago de deudas, así como en la transmisión de aprovechamientos urbanísticos de propiedad municipal por debajo de su valor real.
Por otro lado, medidas como la técnica del arrepentido es reclamada también por el fiscal jefe para la luchar contra la corrupción, como se hace ya con otras organizaciones criminales. Considera que el arrepentido podría reportar buenos resultados a la investigación a cambio de ser favorecido con una importante rebaja de la pena. De la misma forma quiere que se extienda también a este tipo de pesquisas el agente encubierto que adoptando una falsa identidad puede recoger valiosa información para al juez y el fiscal.
Pero lo anterior no sirve de nada si no se agiliza la respuesta judicial en estos procesos, por ello el máximo representante de la Fiscalía hace hincapié en que la necesidad de una «estabilidad» en su puesto del titular del juzgado al que corresponda la investigación y a reforzar la oficina con un juez de apoyo para atender la carga de trabajo añadida que le supone la entrada de un caso de corrupción.
Málaga, punto caliente
López Caballero, por último, reivindica una vez más (lo viene pidiendo con insistencia desde hace varios años) que se refuercen las oficinas fiscales territoriales con unidades de investigación criminal a las que se incorporen policías especializados y funcionarios de la Agencia Tributaria y otros de la Administración Pública. Precisa que estas unidades son necesarias ya en la Fiscalía, pero resultarán «absolutamente ineludibles y perentoria» si en las futuras reformas legislativas que se avecinan se encomienda al fiscal y no al juez la investigación judicial. Añade que es «consciente» de que la implantación de esas unidades «plantea problemas normativos», pero propone que se haga título experimental en la provincia de Málaga, por ser «un punto caliente de la actividad criminal».
Por otro lado, la memoria de la Fiscalía de Málaga recoge un descenso de la criminalidad en 2012, en concreto un 3,5% con respecto a 2011. La buena noticia tiene, sin embargo, algunos aspectos preocupantes. Y es que, pese a dicho descenso generalizado, los delitos relacionados con la corrupción en las administraciones públicas y los delitos más graves que atentan contra la vida de las personas, como el asesinato y el homicidio, crecieron de forma notable.
Son la cara y la cruz de los datos reflejados en el informe anual de la Fiscalía, que el año pasado investigó un total 193.604 delitos, frente a los 200.545 del ejercicio anterior. Se trata de una sensible disminución de la actividad criminal, que se repite por quinto año consecutivo desde 2008, año en que se abrieron diligencias por 283.152 delitos. En el análisis concreto de los delitos, llama la atención del incremento que experimentaron los vinculados con la corrupción en la administración pública, que aumentan un 131,6%. Solo los delitos de cohecho y fraude experimentan un crecimiento del 100%.
Los delitos contra la vida experimentaron también un preocupante incremento, un 32%. Así en 2012 se contabilizaron un total de 93 investigaciones por asesinato consumados e intentados y 64 por homicidios, incluidos los cometidos por imprudencia, frente a los 70 registrados el año anterior.
Fuente: diariosur.es
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