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Recursos Humanos del Concello investiga las presuntas irregularidades en la Policía Local
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Recursos Humanos del Concello investiga las presuntas irregularidades en la Policía Local
El departamento de Recursos Humanos y Personal del Concello de Ourense será el encargado de llevar a cabo la correspondiente investigación sobre las presuntas irregularidades en la Policía Local relacionadas con la supuesta utilización, por parte del superintendente, Abelardo Ulloa, de un agente como chófer particular. Ulloa está imputado en la operación Pokémon de corrupción, que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.
Así se refleja en la providencia de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Generales que firmó en la mañana de ayer la alcaldesa en funciones, la concejala de Urbanismo Áurea soto, para que de esa forma se proceda a la apertura de un expediente de información reservada, como así lo ordenó el regidor municipal, Agustín Fernández, que inició sus cortas vacaciones, ya que tiene previsto volver el 14 de agosto.
En la providencia se ordena que "se diligencien las instrucciones precisas y oportunas por el departamento de recursos humanos y personal para el esclarecimiento de los hechos denunciados", así como que se "emita informe por la jefatura de servicio de recursos humanos y personal sobre la procedencia de apertura de un expediente de información reservada", sobre todo después de las versiones que en estos momentos existen sobre el caso.
Todo ello después de que el alcalde, Agustín Fernández, y el grupo de gobierno socialista recibiesen información relativa a posibles irregularidades en el funcionamiento ordinario del servicio municipal de la Policía Local, y Tráfico de forma particular, relacionada con la "libre disposición de un agente conductor al servicio del superintendente de la Policía Local --Abelardo Ulloa--. Se trata de esclarecer la veracidad de esos hechos denunciados en los medios de comunicación social con el fin de depurar la existencia de posibles responsabilidades".
Procedimiento
La apertura del expediente de información reservado es el paso previo al expediente disciplinario, y su finalidad es recabar todos los datos necesarios, según explicaron a FARO técnicos municipales que ya participaron en este tipo de procedimientos.
También concretaron que es el jefe de servicio de personal el que debe emitir un informe para dejar constancia de los hechos y proceder al nombramiento de un instructor, y si procede de un secretario. Una vez nombrado el instructor y a la vista de los hechos, procede a pedir la documentación que necesite y si considera que existen "indicios de responsabilidad" es cuando dará tramite al expediente o bien al archivo.
El instructor también será el que se encargue de reclamar toda la información que considere oportuna, así como citar a los funcionarios municipales, en este caso los que tengan una relación con estas presuntas irregularidad.
En este caso el superintendente, Abelardo Ulloa, el agente que supuestamente realiza funciones de chófer particular, así como la actual jefa de la Policía local, María Barrera, que ocupa el cargo desde que en octubre del pasado, en plena operación Pokémon, fuese cesado con responsable de las jefaturas de Policía y de Tráfico el propio Ulloa, que después de su declaración ante la juez quedó en libertad bajo fianza al abonar 5.000 euros, pero imputado, al estar acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
En lo que no se entró, por parte del gobierno municipal, es realizar una valoración sobre los sucedido, que es objeto de denuncia, y se señala que se debe seguir el procedimiento que se puso en marcha con el expediente de información reservado, y ver como se van desarrollando los acontecimientos.
Lo que sí se reconocía por parte de algunos miembros del gobierno es que se trata de un hecho "grave", de ahí que mostrasen su preocupación, aunque dejaban constancia de la necesidad de "llegar hasta el final", y en función de lo que se concluya en la investigación abierta adoptar las medidas que correspondan en caso de que existieran las irregularidades y depurar las responsabilidades.
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/08/08/recursos-humanos-concello-investiga-presuntas/857762.html
En la providencia se ordena que "se diligencien las instrucciones precisas y oportunas por el departamento de recursos humanos y personal para el esclarecimiento de los hechos denunciados", así como que se "emita informe por la jefatura de servicio de recursos humanos y personal sobre la procedencia de apertura de un expediente de información reservada", sobre todo después de las versiones que en estos momentos existen sobre el caso.
Todo ello después de que el alcalde, Agustín Fernández, y el grupo de gobierno socialista recibiesen información relativa a posibles irregularidades en el funcionamiento ordinario del servicio municipal de la Policía Local, y Tráfico de forma particular, relacionada con la "libre disposición de un agente conductor al servicio del superintendente de la Policía Local --Abelardo Ulloa--. Se trata de esclarecer la veracidad de esos hechos denunciados en los medios de comunicación social con el fin de depurar la existencia de posibles responsabilidades".
Procedimiento
También concretaron que es el jefe de servicio de personal el que debe emitir un informe para dejar constancia de los hechos y proceder al nombramiento de un instructor, y si procede de un secretario. Una vez nombrado el instructor y a la vista de los hechos, procede a pedir la documentación que necesite y si considera que existen "indicios de responsabilidad" es cuando dará tramite al expediente o bien al archivo.
El instructor también será el que se encargue de reclamar toda la información que considere oportuna, así como citar a los funcionarios municipales, en este caso los que tengan una relación con estas presuntas irregularidad.
En este caso el superintendente, Abelardo Ulloa, el agente que supuestamente realiza funciones de chófer particular, así como la actual jefa de la Policía local, María Barrera, que ocupa el cargo desde que en octubre del pasado, en plena operación Pokémon, fuese cesado con responsable de las jefaturas de Policía y de Tráfico el propio Ulloa, que después de su declaración ante la juez quedó en libertad bajo fianza al abonar 5.000 euros, pero imputado, al estar acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
En lo que no se entró, por parte del gobierno municipal, es realizar una valoración sobre los sucedido, que es objeto de denuncia, y se señala que se debe seguir el procedimiento que se puso en marcha con el expediente de información reservado, y ver como se van desarrollando los acontecimientos.
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/08/08/recursos-humanos-concello-investiga-presuntas/857762.html
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